Cuando el poder es
impotente para resolver problemas “por las buenas”, apela a su peor versión: la
violencia.
Napalpí (un poblado
chaqueño de etnias Qom ubicado entre Quitilipi y Machagai, a menos de 30 km de Sáenz
Peña), es el punto geográfico de tanta vergüenza ajena y nada de vergüenza
propia.
Prohibirles a los aborígenes (dueños ancestrales de esas tierras), salir de los límites provinciales para asegurar la mano de obra casi esclava en obrajes y algodonales, y cobrarles a ellos “por trabajar”, ya es mucho.Cuando las injusticias sociales tienen tal envergadura, todo se desmadra. Los nativos solo se declararon en huelga.
Corría 1929. Marcelo
T. de Alvear y Fernando Centeno eran respectivamente Presidente de la Nación y
Gobernador de la entonces Territorio Nacional del Chaco, pero sus
compromisos siempre fueron con el empresariado, en este caso maderero y
algodonero ubicado en las tierras mal obtenidas de los Qom.
Cientos de gendarmes, policías y civiles rodearon la comunidad, mientras un avión (el Chaco 2), ametrallaba desde el cielo dejando cientos de muertos y heridos que fueron rematados luego a fuerza de machetazos, despedazando los cuerpos para exponerlos a modo de “medida ejemplificadora”.Asesinaron entre 200 y 500 aborígenes y algunos criollos indefensos (aunque hay informes de miles), que participaron de una huelga pacífica.
Han pasado más de 90 años y en los tribunales de justicia siguen litigando los descendientes. El Equipo Argentino de Antropología Forense, que está actuando, quizás logre echar algo de luz frente a tanta oscuridad.
¿Dónde está Napalpí?
Es un pequeño caserío
ubicado sobre la RN 16 entre Quitilipi y Machagai, a menos de 30 km de la
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la actual provincia de Chaco.
Napalpí era también
el nombre de la Colonia Aborigen que, desde 1956, se denomina Colonia Aborigen
Chaco, situada unos 11 km al sudoeste del poblado.
En idioma de los Qom,
Napalpí es una palabra que significa “cementerio”, o “lugar de los muertos”, y
no por nada habrá sido denominada así.
Los antecedentes y el contexto de la época
El exterminio de los
nativos, verdaderos dueños de la tierra, no comenzó ni terminó con la Conquista
del Desierto de Julio Argentino Roca. Ni “conquista” ni “desierto”. Fue
sometimiento, muerte y apropiación de casi toda la cuenca agrícola pampeana,
que luego se extendió hacia el sur.
En 1872, luego de la creación del Territorio
Nacional del Gran Chaco, el Coronel Obligado desde Santa Fe, comandó las
campañas de persecución y muerte en esos parajes.
El noreste de nuestro
actual país tenía otras características comparados con los pampeanos: los
aborígenes no “maloneaban” (no tenían ni siquiera caballos hasta muy entrado el
siglo XX), eran relativamente amables con sus nuevos vecinos, y conformaban una
formidable cantidad de mano de obra para las nuevas explotaciones: madera,
algodón y azúcar, pero los empresarios y los políticos de turno no se
conformaban con eso y fueron por más.
En 1884 el Ejército Argentino había lanzado una
campaña militar para someter a los pueblos indígenas del Chaco, lo que dio como
resultado la muerte de millares de indígenas y la desintegración social y
cultural de numerosas etnias en las actuales provincias argentinas de Formosa y Chaco que en ese momento eran territorios
nacionales.
Se fundaron numerosos fortines con
el fin de mantener a raya a los indígenas vencidos, y sus tierras (apropiadas
por el Estado), fueron vendidas a colonos europeos, en particular italianos y
franceses, quienes pronto las destinaron a la producción de algodón.
En 1895 el Ministro de Guerra
de Julio A. Roca, Benjamín Victorica, a través de sus embates contra los
aborígenes, quebró la resistencia de estos, que terminaron como mano de obra
semi esclava en los algodonales y obrajes.
Dijo Victorica en ese entonces:
“Pese a la contundencia, la
efectividad y el esfuerzo y buen desempaño de los hombres de los regimientos y
de la compañía de Disciplina de la División de la Caballería del Chaco, no se
pudio lograr una solución definitiva al problema indígena”. “No dudo que estas
tribus proporcionarán brazos baratos a la industria azucarera y a los obrajes
de madera”
Juan Bialet Massé fue comisionado a estudiar
el estado de las clases obreras argentinas en 1904, y al referirse a las explotaciones del bosque chaqueño,
anticipándose a lo que ocurriría 20 años después, dijo:
“Los
cultivos de algodón exigen ya una enorme cantidad de brazos para su cosecha y
laboreo, y si desde ahora no se endereza su régimen, se corre el riesgo de tenerlo
que hacer después de muchas lágrimas y sangre y de daños irreparables.
La
rudimentaria población del Chaco se compone de tres elementos esenciales: el
indio paria; el correntino nómade, explotado como bestia; algunos extranjeros,
y pocos hijos de la región, que hacen la explotación.
Me fijo
en primer término en el indio, porque es el elemento más eficiente del progreso
e importante en el Chaco: sin él no hay ingenio azucarero, ni algodonal ni
maní, ni nada importante. Es él el cosechero irreemplazable del algodón; nadie
le supera en el hacha, ni en la cosecha del maní.
Si los
propietarios del Chaco miraran este asunto con el más crudo de los egoísmos,
pero ilustrado, serían humanitarios por egoísmo, y cuidarían a los indios
siquiera como a animales insustituibles para labrar sus fortunas; pero es
seguro que no lo harán si la ley no lo impone, y con mano fuerte.
Esto
quiere decir que no haya hombres suficientemente ilustrados para tratar a los
indios como se debe: cumplir lealmente los contratos con ellos celebrados,
pagarles en billetes de la Nación el precio de su trabajo, y dejarlos en
completa libertad de gastar su dinero como mejor les cuadre, sin proveedurías
explotadoras, sin engaños en los pagos y respetando en ellos su condición de
hombres y sus hábitos y costumbres, que tienen el derecho perfecto de
conservar, mientras con ellos no causen daño a nadie”
El tiempo pasa y numerosas grupos aborígenes fueron confinadas en
Reducciones en donde fueron sometidas a un régimen de explotación muy cercano a
la esclavitud.
Una de tales Reducciones era Napalpí, unas 20.000 hectáreas fundada en 1911 a través de un decreto del
Presidente Roque Sáez Peña, quien manifestaba:
“Es un deber constitucional
del gobierno el trato pacífico con los indios, conservando el factor económico
constituido por el indígena y así alejarlo de las tentaciones que la naturaleza
les ofrece”.
¿Cuáles eran las “tentaciones de la naturaleza”? ¿Los frutos de la
tierra y los ríos utilizados para su alimentación, vestimenta y techo?
Un boletín del Departamento Nacional de Trabajo de 1914, durante la presidencia de Victorino de la Plaza, informaba
sobre la mano de obra indígena:
“…la de los Matacos (Wichi),
principalmente es la más preferida pues son los más hacendosos, hábiles y
útiles, y acaso también por su ignorancia que permite explotarlos en sus
jornales”.
“Hacen falta brazos indígenas”
“debemos pedir el reclutamiento de indios”. Este era el reclamo de los propietarios al gobierno del Chaco.
Las primeras familias que se instalaron en la Reducción de Napalpí eran
de los pueblos Pilagá, Abipón, Toba, Charrúa y Mocoví.
En julio de 1924, Federico
Gutiérrez (corresponsal del diario La
Razón) escribió:
“Muchas hectáreas de tierra flor
están en poder de los pobres indios, quitarles esas tierras es la ilusión que
muchos desean en secreto”.
Marcelo T. de Alvear era Presidente de la Nación y el Territorio
Nacional del Chaco se perfilaba como el primer productor nacional de algodón, y
Alvear nombra como Gobernador al estanciero algodonero y político Fernando
Centeno
La Reducción Indígena de Napalpí, a 120 kilómetros de Resistencia, ya
era un espacio de sometimiento donde los indígenas eran obligados a trabajar en
condiciones de semi-esclavitud.
Denunciaban los maltratos y la explotación de los terratenientes
chaqueños, y planeaban marchar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy donde
las condiciones de trabajo eran “mejores”, pero el Gobernador les prohibió abandonar
Chaco y de esa manera asegurar mano de obra barata a las recientes industrias
madereras, algodoneras y azucareras.
Los Qom cultivaban su propio algodón en parcelas reducidas, pero las
autoridades provinciales de la Reducción no solo les prohibieron salir de la
futura provincia de Chaco sino que dispusieron que los indígenas debían
entregarles el 15% de su producción y cobrarles $ 10 de flete por tonelada
trasladada hasta los acopios.
Esta quita compulsiva provocó gran descontento entre los nativos que se
declararon en huelga. El Gobernador inició los preparativos para una feroz y
brutal represión, mientras que, en la Reducción de Napalpí, se llevaba a cabo una acción
de resistencia.
Los caciques Dionisio Gómez y José
Machado entre los Qom, y Pedro Maidana y la cacica Mercedes Dominga, entre los
Moqoit, son los nombres que los sobrevivientes mencionan como los referentes de
la protesta.
La huelga y la represión
La llamada Masacre de Napalpí fue una matanza cometida por
el Estado argentino el 19 de julio de 1924 en
la que resultaron asesinados entre 500 y 1.500 personas (la cifras oscilan
desde 200 hasta 4.000), pertenecientes a los pueblos Qom, Mocoví, y
algunos cosecheros criollos, y se desarrolló cerca de esta reducción en el
paraje El Aguará.
Fue llevada a cabo por una fuerza de unos 130 hombres de la Policía
Nacional de Territorios con la participación de civiles, bajo órdenes del Gobernador Fernando
Centeno, quien, como ya dijimos, respondía políticamente al
Presidente Marcelo T. de Alvear.
Los gendarmes y la policía montada estaban al
acecho. La policía
rondaba la reducción desde hacía dos meses, y la Gendarmería de Línea, desde
hacía una semana. Sus nombres, armas y municiones quedaron registrados
prolijamente en listados oficiales.
Mientras tanto, el Gobernador entablaba el
supuesto diálogo con los líderes indígenas que reclamaban por las condiciones
de explotación a las que eran sometidos. Pero era una trampa: al mismo tiempo
que desde el Estado se proponía a las comunidades indígenas canales de
negociación, se preparaban las acciones punitivas.
En mayo de 1924 el Gobernador Centeno se
reunió con los líderes indígenas. Machado le habló en nombre de todos:
“Nuestra posición no es guerrera. Sólo nos reunimos para deliberar entre todos, pacíficamente y en colectividad. Queremos que se suspendan los descuentos de 15 % y de 10 pesos por tonelada sobre lo que cosechamos. Entendemos que la Reducción está para ayudarnos y no para que nos cause perjuicios. Nosotros deseamos vivir en paz y dedicarnos a la cosecha de algodón”.
Para ganar tiempo Centeno aceptó los reclamos
y les prometió 1.000 kilogramos de galleta y carne para paliar las penurias de
tantos días de huelga, sin embargo solo cumplió con la entrega de la mercadería
que decomisó a los comerciantes de Quitilipi.
La huelga prosiguió y los nativos carnearon
una vaca de un ganadero vecino. Esto significó el enojo de los colonos que
presionaron aún más al gobierno chaqueño.
A muy tempranas horas de ese desgraciado 19 de julio, los represores
fuertemente armados con fusiles Winchester
y Mauser, rodearon el campamento donde se
habían reunido los indígenas en huelga mientras esperaban reunirse en
parlamento. Hasta ese momento bailaban en una fiesta religiosa organizada por
los chamanes en la zona del Aguará, un área considerada sagrada por los Qom
ubicada dentro de los límites de la colonia.
Poco antes de las nueve de la mañana el avión Chaco 2, perteneciente al
Aero Club de Resistencia, voló bajo en varias oportunidades reconociendo el
terreno, y, según algunas versiones, tirando víveres para obligar a los nativos
a salir del monte. Estos saludaban al “pájaro de acero” y convencidos de que
los dioses les protegerían de las armas de fuego de los hombres blancos, no se
resguardaron de los disparos dirigidos desde el avión al campamento durante 40
a 45 minutos.
Una anciana sobreviviente declaró muchos años después:
“Dijo mi abuelito: ‘No vayan, porque ese está llevando la bomba, vamos a huir. Fue la gente a buscar la mercadería, y cuando están todos juntos largan la bomba. Los que buscaron murieron, nosotros nos salvamos porque mi abuelito no quería que fuéramos, había criaturas. Ellos escaparon, mi abuelito, mi abuelita, mi mamá. Menos mi papá, a él lo agarraron porque quedó ahí. Y nos quedamos en el monte y mi abuelito fue a buscar a no sé dónde para poder comer”.
El uso de la
aeronave se encuentra en la foto tomada por el antropólogo Lehman Nitsche (hoy en un museo alemán), lo
que certifica que el avión marca Curtiss Jenny, pertenecía al aeroclub del
Chaco desde 1923, y que había sido enviado con un instructor, el
Sargento Emilio Esquivel, quien fue el piloto el día de la masacre.
También existen
documentos del “pasajero” que iba en el asiento trasero, su nombre fue Juan
Browis y había realizado el curso de piloto en el aeroclub del Chaco y su
nacionalidad era estadounidense. Algunas versiones invierten el orden en que
estaban dispuestos.
Durante las tres horas siguientes los represores entraron por tierra al
campamento y persiguieron a quienes se internaban en el bosque para rematar
a machetazos a
los indígenas que quedaban, muchos moribundos por las balas recibidas,
incluidas mujeres y niños. Los heridos fueron degollados, colgados y algunos
desmembrados.
Para completar el tétrico cuadro, la policía prendió fuego a los toldos,
los cadáveres (algunos quemados), fueron enterrados en fosas (hasta ocho
cadáveres en cada una).
Las fuerzas de seguridad se alzaron con el botín de los huelguistas:
vacas, ovejas y gallinas.
En el libro Memorias del Gran Chaco, la historiadora Mercedes Silva confirma
el hecho y cuenta que al Mocoví Pedro
Maidana, uno de los líderes de la huelga:
“Se lo mató de manera salvaje
y se le extirparon los testículos y una oreja para exhibirlos como trofeo de
batalla”.
Un reciente microprograma de la Red de Comunicación Indígena destacó:
“Se
dispararon más de 5.000 tiros y la orgía de sangre incluyó la extracción de
testículos, penes y orejas de los muertos, esos tristes trofeos fueron
exhibidos en la comisaría de Quitilipi. Algunos muertos fueron enterrados en
fosas comunes, otros fueron quemados”.
En el mismo audio, el cacique Toba Esteban Moreno, contó la historia que
es transmitida de generación en generación:
“En
las tolderías aparecieron soldados y un avión que ametrallaba. Los mataron
porque se negaban a cosechar. Nos dimos cuenta que fue una matanza porque sólo
murieron aborígenes, Tobas y Mocovíes, no hay soldados heridos, no fue lucha,
fue masacre, fue matanza, por eso ahora ese lugar se llama Colonia La Matanza”.
El gobierno festejaba el triunfo junto con los festejos del Club Social
de Quitilipi. En ese momento un Comisario le comunicó al Gobernador:
“Vengo a informarle que el
facineroso Pedro Maidana, su cadáver, está en la heroica comisaría
quitilipense. Los vecinos que quieran ver los trofeos de paz (léase orejas,
testículos y esfínteres), que las fuerzas
de seguridad ofrecen al pueblo de Quitilipi y a las autoridades provinciales,
pueden hacerlo en la comisaría”.
La cena se suspendió y todos marcharon a contemplar el macabro
espectáculo: los varones por un lado para mirar una palangana sangrienta con
los testículos y orejas del cacique y las mujeres y niños el resto del cuerpo
en un calabozo aledaño.
A finales de los años veinte, el periódico Heraldo del Norte recordó
así el hecho:
“Como
a las nueve de la mañana, y sin que los inocentes indígenas hicieran un solo
disparo, [los policías] hicieron repetidas descargas cerradas y enseguida, en
medio del pánico de los indios (más mujeres y niños que hombres), atacaron. Se
produjo entonces la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos
sin respetar sexo ni edad”.
En el libro Napalpí, la herida abierta (1998), el
periodista Mario Vidal detalla:
“El ataque terminó en una
matanza, en la más horrenda masacre que recuerda la historia de las culturas
indígenas en el siglo XX. Los atacantes sólo cesaron de disparar cuando
advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido.
Los heridos fueron degollados,
también hubo colgados. Entre hombres, mujeres y niños fueron muertos alrededor
de doscientos aborígenes y algunos campesinos blancos que también se habían
plegado al movimiento huelguista”.
Cuando la masacre terminó, la Reducción
Estatal para Indígenas de Napalpí siguió funcionando. Incluso doce años después
fueron creadas otras dos Reducciones y puestas bajo el control de la
Gendarmería de Línea.
A pesar del asesinato de cientos de personas
dentro de una institución estatal realizada por sus propias fuerzas de
seguridad, las Reducciones para indígenas continuaron funcionando durante 32
años más, hasta 1956.
En Napalpí el control se profundizó. Se
continuó con la utilización de brazaletes para diferenciar a quienes se consideraba
“pacíficos” de los que no. La administración de la Reducción elaboró documentos
oficiales con listados que incluían el nombre y apellido de quienes se sugería
expulsar y se los categorizaba en columnas de “concepto y observaciones”.
Allí se definía a las personas como “inadaptable”, “vago”, “propagandista
insidioso contra la administración”, “inepto”, entre otras.
Y una definición muy explícita era: “formó parte de la sublevación”. Esta
forma de marcación negativa de las personas indígenas sometidas en la reducción
traía peligrosas consecuencias.
Quienes eran expulsados de la reducción, lo
eran a un territorio chaqueño en el que todavía operaban las fuerzas militares
y en el que para transitar, al ser indígena, se requería un salvoconducto, “un
papel firmado” por alguna autoridad estatal o ingenio privado. No tenerlo
implicaba que ese sujeto había fracasado en el intento estatal
civilizatorio.
Ninguno de los represores murió o resultó herido, y nunca se realizó una
investigación ni se llevó a juicio a los culpables.
El esfuerzo por el “olvido”
El 29 de agosto, cuarenta días después de la matanza, el ex director de
la Reducción de Napalpí, Enrique Lynch Arribálzaga, escribió una carta que fue
leída en el Congreso Nacional:
La
matanza de indígenas por la policía del Chaco continúa en Napalpí y sus
alrededores; parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos
los que se hallaron presente en la carnicería del 19 de julio, para que no
puedan servir de testigos si viene la Comisión Investigadora de la Cámara de
Diputados.
Pese a los operativos oficiales de ocultamiento, los legisladores
opositores no tenían dudas que en el Chaco habría una masacre de indígenas, y
los miembros del Parlamento reclamaron la renuncia del Gobernador Centeno y todo
su equipo, además de una comisión investigadora para determinar la cantidad de
muertos.
Se convocó entonces a una sesión extraordinaria para interpelar al
titular del Ministerio del Interior. La interpelación, que duró seis horas,
tuvo lugar el 4 de septiembre de 1924.
El Diputado Francisco Leirós expuso una serie de "hechos que parecen propios de la pesadilla de un loco" y
mostró el frasco con las orejas y los testículos del cacique Maidana.
El 21 de julio de 1925 (un
año después de la matanza), el Ministro del Interior, Vicente Gallo,
reconocía los deseos del Presidente Alvear:
“El Poder Ejecutivo considera
que debe encararse definitivamente, como un testimonio de la cultura de la
República, el problema del indio, no sólo por razones de humanidad y de un
orden moral superior, sino también porque una vez incorporado a la civilización
será un auxiliar valioso para la economía del norte del país”.
En territorio chaqueño, el Gobernador Centeno siguió en su cargo, y
separó al juez que atendía el caso, reemplazándolo por uno de su confianza,
Juan Sessarego. El fiscal Jerónimo Cello, al reclamar que la causa no fuera
archivada, fue trasladado a la Cámara de Apelaciones de Paraná, Entre Ríos.
El nuevo magistrado, quien había sido puesto por Centeno en medio de la
repulsa popular, sobreseyó a los 80 policías que intervinieron en la matanza.
Los medios de comunicación fueron centrales
en la preparación de la masacre, produciendo discursos de malón y de peligro
para la población blanca de los alrededores. Luego, también lo fueron
invisibilizándola. Antes de la masacre aparecían en los medios los pedidos de
“acción” (léase represión) sobre los indígenas de Napalpí.
Pero después de la matanza, la noticia desapareció por completo, salvo en una edición especial, exclusivamente sobre la masacre, que realizó el diario El Heraldo del Norte un año después, en 1925. Edición que debió hacerse desde Corrientes ya que había sido censurada por el gobierno del Chaco.
Los medios de
comunicación operaron a favor de los sectores económicos más importantes de la
provincia relacionando el peligro de la “revuelta indígena” con “los
productores”.
El diario La Nación, por ejemplo, el
día mismo de la masacre publicó una nota mencionando telegramas de preocupación
de la Cámara de Comercio del Chaco y de la Sociedad Rural al presidente de la
Nación, Marcelo T. de Alvear.
Los reclamos y los “resarcimientos”
En 2004 el Instituto del
Aborigen Chaqueño (I.D.A.CH.) en asamblea de 46 comunidades indígenas de los
pueblos Qom, Mocoví-Moqoi y Wichi, resolvieron
por unanimidad iniciar una acción judicial de reparación resarcitoria
por $ 350.000.000, por daños y perjuicios, garantía de no repetición y
solicitud de perdón por parte del Estado Nacional Argentino.
La demanda está fundada en la teoría de la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad. Así se
comenzó la tramitación del expediente “Asociación
Comunitaria La Matanza c/ PEN-Estado Nacional Argentino s/Daños y Perjuicios”.
Durante 15 años de tramitación judicial negó la existencia de la masacre
e interpuso defensas de prescriptibilidad de
la acción y falta de legitimación.
En enero de 2008,
el gobierno de la Provincia del Chaco, pidió disculpas públicas y
oficiales por la masacre y rindió homenaje a la única sobreviviente, Melitona Enrique, que
cumplía 107 años ese día, y que fallecería en noviembre de ese año.
Cuando la justicia llega
tarde, no es justicia, y cuando la política entra por la puerta la justicia
huye por la ventana.
La judicialización y sus respuestas tardías
En 2014 el Estado argentino,
investigó, fuera del expediente de indemnización, durante cuatro años los
eventuales delitos de lesa humanidad cometidos en Napalpí, para luego solicitar
la apertura de un juicio por la verdad, puesto que todos los
culpables ya habían muerto.
El 25 de noviembre del año 2019
la Juez Federal N.º 1, de Resistencia, Chaco, dictó sentencia de Primera
Instancia, reconociendo la existencia de la Masacre de Napalpí y la autoría y
la forma en que se produjeron los crímenes masivos, pero hace lugar la defensa
de prescripción y falta de legitimación interpuesta por el Estado Nacional
Argentino.
Ello produce la apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, quienes por unanimidad, el 14 de septiembre del año 2020, revocan el fallo de Primera
Instancia declarando la imprescriptibilidad resarcitoria por la Masacre de
Napalpí, acaecida 96 años atrás, declara legítima como reclamante a la
Asociación Comunitaria La Matanza, quien actuó por sí y en nombre y
representación de todo el Pueblo Qom y condenando al Estado Nacional a pagar la
cantidad de $ 375.000.000 en concepto de indemnización por daño moral.
Esa sentencia, aunque acredita
el hecho, duda respecto a la legitimidad de la Asociación “La matanza” ya que
el daño moral y espiritual solo pueden reclamarlo las familias afectadas,
sostiene. Pero no hay partidas de defunción ni de nacimiento que acrediten la
familiaridad, producto del mismo proceso de sometimiento.
Los fiscales federales de
Chaco argumentaron que la matanza se trató de delitos de lesa humanidad, y
analizaron la posibilidad de la intervención del Equipo de Antropología Forense
(EAAF) para examinar la fosa común donde fueron depositados los cuerpos de los
indígenas, recuperación y análisis de los restos con el
fin de documentar científicamente información sobre el perfil biológico (sexo,
edad) y causa de muerte y analizar cualquier otra evidencia que se recupere.
En el marco de este proceso, con el apoyo de
organizaciones sociales como Fundación Napalpí, la Asociación Comunitaria
Colonia Aborigen, la Organización Indígena La Matanza, en octubre de 2018 el
EAAF concretó una visita preliminar al lugar donde ocurrió los hechos de la
masacre y donde se encontrarían las fosas comunes. Se trata de una zona
rural de alrededor de 50 hectáreas de superficie ubicada a 150 km
aproximadamente de la ciudad de Resistencia.
Durante septiembre y octubre de 2019 se
iniciaron los trabajos de excavación con resultados positivos.
La memoria y el olvido
En 1994 el Diputado chaqueño Claudio Mendoza propuso al
19 de julio como "Día de los Derechos de las poblaciones Indígenas
Argentinas". Ese proyecto, que mereció votación positiva unánime en la
Cámara Baja (Diputados), no tuvo la misma suerte en la de Senadores donde
"duerme el sueño de los justos".
No obstante su idea fue rescatada a nivel Provincial con la aprobación de la Ley 5.611 que incorpora al Calendario Escolar único y permanente de efemérides de la provincia del Chaco el 19 de Julio como Día de la Masacre de Napalpí y, en la sección del cronograma básico a la semana del 13 al 19 de julio rememorando esa masacre.
En un encendido discurso Claudio Ramiro Mendoza, en
oportunidad del tratamiento del proyecto, enfáticamente justificó:
"El
recuerdo de esa fecha pretende fortalecer el reconocimiento por parte de
nuestro pueblo de todo lo que la Nación Argentina les adeuda a las comunidades
indígenas.
Constituye,
asimismo, un reconocimiento hacia esas comunidades que han hecho esenciales
aportes a nuestro país y a las cuales todavía no les han sido restituidos los
derechos inalienables que, como argentinos, les corresponden.
Finalmente
constituye un compromiso de todos los habitantes de esta tierra, para que la
restitución de los justos y legítimos derechos indígenas se haga realidad en
forma inmediata".
Bibliografía
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participación del Avión Chaco 2. https://diarioprimeralinea.com.ar/
FISCALES. GOB. (2019).
Tras un pedido de la Fiscalía, el EAAF comenzó a excavar en el lugar donde
habría fosas comunes por la Masacre de Napalpí. https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/
GIORDANO, M. (2016). Masacre de Napalpí: nuevo testimonio revela
formas de sometimiento y violencia del Estado. (CONICET – UNNE https://nordeste.conicet.gov.ar/
MUSANTE, M. (2020). Porque tenemos que hablar de Napalpi. https://latfem.org/por-que-tenemos-que-hablar-de-napalpi/
RIVAS MOLINA, F. (2018). La última voz de la masacre indígena
de Napalpí. https://elpais.com/internacional/2018/12/10/argentina/
