Su formación académica
y su brillante oratoria le valió el mote de “orador de la revolución de mayo”,
sin embargo sus roles no fueron solo hablar. Lo que proponía con la boca lo
defendía con el pecho.
Su vida fue intensa y
con un nivel de participación poco usual. Armaba reuniones pujando por un país
en formación libre y soberano, aunque mantenía algunas ideas monárquicas
constitucionales como muchos de los de su época.
se lo podría
definir como un brillante indigenista con la pluma, la palabra y los
hechos, y un resuelto revolucionario
capaz de desplazar virreyes y fusilar a los enemigos de la patria.
hermano de
Manuel Belgrano con quien congeniaba, en promover la
industria, la educación pública, la agricultura y el libre comercio, y a quien sucedía en
el Consulado cuando aquel estaba ausente.
En solo dos años
(entre 1810 y 1812), brilló, sufrió y murió de la peor manera ya que, por esas
paradojas de la vida, a tan brillante impulsor y orador de las ideas revolucionarias, se lo
llevó un cáncer de lengua, consecuencia de la vieja llaga mal curada provocada
por un cigarro.
¿Quién
era Castelli?
Juan José Antonio Castelli Villarino era su
nombre completo. Nació en Buenos Aires el 19 de julio de 1764, siendo el primer hijo del matrimonio entre el médico
italiano Ángel Castelli y Salomón y la criolla Josefa Villarino González, que
se emparenta con Manuel Belgrano a través de sus madres.
Juan José cursó sus primeros estudios con los jesuitas en el Real Colegio de San Carlos,
lo cual sentó las bases de sus posteriores estudios religiosos en el Colegio
Monserrat en Córdoba, que por mandato de herencia debía seguir hasta ordenarse
sacerdote.
Allí fue compañero
de estudios de otros hombres que influirían en la vida pública sudamericana,
como Saturnino Rodríguez Peña, Juan José Paso, Manuel Alberti, Pedro y Mariano
Medrano y el cuyano Juan Martínez de Rozas, entre
otros.
Allí tomó contacto
también con las obras de Voltaire y Diderot y, en especial, con el Contrato Social de Rousseau. Al finalizar esta
etapa comenzó estudios universitarios de filosofía y teología. Al cumplir 21 años y morir su padre,
abandonó la carrera sacerdotal por la cual no sentía una fuerte vocación y se
dedicó a estudiar jurisprudencia.
Su madre quiso
enviarlo a España con su primo Manuel, pero Castelli prefirió continuar sus
estudios en la Universidad de Chuquisaca (en
la actual ciudad de Sucre),
en donde conoció los ideales de la Revolución francesa, doctorándose en
Derecho en 1788.
De regreso a
Buenos Aires, se estableció como abogado,
abriendo su estudio en la casa familiar. Representó a la Universidad de Córdoba en
distintas causas, y a su tío Domingo Belgrano Peri (padre de Manuel), en causas
comerciales vinculadas al monopolio.
Su relación con
Saturnino Rodríguez Peña se extendió a su hermano, Nicolás Rodríguez Peña y
a su socio Hipólito Vieytes. La casa de los
Rodríguez Peña sería, posteriormente, la sede de reuniones frecuentes de
los criollos revolucionarios.
Comenzó a
interesarse en los problemas económicos, siendo, junto con Vieytes y Belgrano,
uno de los primeros argentinos en promover la industria, la educación pública,
la agricultura y el libre comercio en contra de los monopolios portuarios.
Luchó firmemente
para terminar con la discriminación política, económica y también social
peninsular que afectaba a los criollos. También fue uno de los primeros en
creer que la independencia del poder español era la única solución.
Para ello
consideró el apoyo británico como alternativa (aunque enfrentó junto a otros
porteños las invasiones inglesas), y la coronación de Carlota Joaquina (hermana
del rey español), en el Río de la Plata, entre otras posibilidades.
En 1794 llegó a Buenos Aires una copia de
la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, sancionada por la Revolución francesa, que circuló
clandestinamente por el Virreinato del Río de la Plata
y de la cual se nutrieron los pensadores del momento.
Al mismo tiempo,
también regresó Manuel Belgrano de sus estudios en Europa,
con el cargo de Secretario perpetuo del Consulado de Comercio de Buenos
Aires, y como los primos compartían ideas similares sobre el monopolio comercial español y los derechos de
los criollos, fue más de una vez reemplazado por
Castelli.
Se casó ese año, cuando cumplía 30, con María Rosa Lynch y
tuvieron cinco hijos.
En 1801 fue uno de los fundadores de la
Sociedad Patriótica, Literaria y Económica y se convirtió en colaborador de los
primeros periódicos, como el Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e
Historiógrafo del Río de la Plata, que fue el primer
periódico porteño en
difundir sus ideas progresistas.
En dicha
publicación se mencionó por primera vez el concepto de patria y se habló de los habitantes como “argentinos”. Además de Castelli, Cabello y Belgrano, quien fuera el
secretario de la publicación, trabajaron Manuel José de Lavardén, Miguel de Azcuénaga y el
fray Cayetano Rodríguez.
A pesar del cierre
del Telégrafo Mercantil por falta
de apoyo económico, los criollos aún deseaban expresarse a través de un
periódico, por lo que Vieytes fundó el Semanario de
Agricultura, Industria y Comercio. Castelli, al igual que los
otros miembros del grupo que se reunía en la casa de Rodríguez Peña, colaboró
con el proyecto.
En dicho periódico
se proponían ideas para la mejora técnica de la agricultura,
la quita de las restricciones al comercio, el desarrollo de manufacturas, entre
otras.
Castelli y su
primo Belgrano, tal vez con una gran cuota de ingenuidad política, creían que
si se acercaban a otra potencia como Inglaterra se podrían liberar a esta parte
de América del yugo español, sin embargo no contaban que en la cabeza de los
ingleses solo estaba invadir y apropiarse del comercio.
Intentos fallidos
Cuando se produce
la Primera Invasión Inglesa en 1806
los criollos que habían realizado contactos con la corona británica, se dan
cuenta que aquello implicaba que los ocupantes sólo aspiraban a anexar la
ciudad al Reino
Unido, lo cual hubiera significado cambiar una metrópoli por otra.
A pesar de ello,
intentaron un último golpe de mano. Tras la reconquista de Buenos Aires lograda
por Santiago de Liniers, Saturnino
Rodríguez Peña ayudó a Beresford (el comandante inglés a cargo de la invasión),
a fugarse, con el propósito de que este convenza al jefe de la nueva invasión
de aplicar los proyectos de Burke (un doble espía inglés), y el venezolano
Miranda.
La segunda
invasión inglesa de 1807 sepultó las
últimas esperanzas de los patriotas criollos en la estrategia de acercamiento a
la corona inglesa en reemplazo de la española que impulsaba Miranda. Castelli,
al igual que Belgrano, Martín Rodríguez, Domingo French y Antonio Beruti, combatió contra
quienes poco antes consideraban sus posibles aliados.
Tras la exitosa
defensa de la ciudad por los criollos, crecieron las disputas entre el francés
Santiago de Liniers, nombrado como virrey interino, y el Cabildo de Buenos Aires,
liderado por el español Martín de Álzaga.
Tanto Álzaga como
Liniers representaban a facciones con intereses opuestos a la separación de la metrópoli:
Álzaga y el Cabildo, a los comerciantes ligados con Cádiz, y Liniers a los
funcionarios del poder monárquico. Aun así, ambos procuraban utilizar la
creciente influencia criolla en su favor.
Álzaga se abstuvo
de denunciar a Castelli y Rodríguez Peña como cómplices de la fuga de
Beresford, y Liniers se apoyaba en las milicias criollas para contrarrestar la
oposición de Álzaga y el Cabildo.
A fines de ese año
tuvo lugar un acontecimiento que revolucionó la política española. Luego de
invadir Portugal, Napoleón Bonaparte ocupó
también España. El rey Carlos IV de España abdicó
en favor de su hijo Fernando
VII, pero Napoleón los mantuvo cautivos y obligó a ambos a
nombrar como rey de España a su hermano José
Bonaparte.
Esta situación
alentó a la infanta Carlota Joaquina de Borbón,
la hermana del rey cautivo, a reclamar la regencia de las colonias
americanas.
En este contexto,
Juan José Castelli y Martín de Álzaga, cometiendo otro acto de ingenuidad
política, conversaban la posibilidad de expulsar a Santiago de Liniers y
constituir una Junta de gobierno propia, similar a las de la metrópoli.
Dicho proyecto no
era compartido por la mayoría de los criollos ni por el jefe del Regimiento de Patricios,
Cornelio Saavedra. Manuel Belgrano propuso como alternativa apoyar al “carlotismo”, siguiendo los planes de la
infanta Carlota, a lo cual adhirieron Castelli y varios de los criollos.
Belgrano, de
ideas monárquicas constitucionales, sostenía que
el proyecto “carlotista” sería la forma más práctica de lograr la emancipación
de España en las circunstancias vividas.
El 20 de
septiembre de 1808 Castelli
redactó un documento dirigido a Carlota, con las firmas de Antonio Luis Beruti,
Vieytes, Miguel Mariano de Villegas,
Belgrano y Nicolás Rodríguez Peña.
Sin embargo,
Carlota rechazó ese proyecto, que aspiraba a establecer una monarquía constitucional con
ella a la cabeza, porque prefería una monarquía de tipo tradicional
reservándose toda la cuota de poder.
Castelli se amparaba
en la doctrina que sostenía que las tierras americanas eran una posesión
personal del Rey
de España pero no una colonia española. Dicho
criterio ya existía de antaño, pero en el nuevo contexto Castelli argumentaba
que ningún otro poder de España que no fuera el del rey legítimo, tenía
autoridad sobre América.
Bajo estas premisas,
Castelli sostuvo exitosamente que ofrecer la regencia a la hermana del rey
cautivo, mientras no se negara la legitimidad de Fernando VII, no constituía un
acto de traición sino un proyecto político legítimo que debía ser resuelto por
los pueblos americanos sin intervención de los españoles.
En 1809 Álzaga
reunió algunos batallones e intentó una revuelta para
destituir a Liniers. Unos pocos criollos depositaron sus esperanzas
independentistas en la misma, pero la mayoría se opuso, fieles a Liniers,
ganaron la plaza y obligaron a las tropas complotadas a retirarse. Castelli en
ese momento apoyó a Liniers y acusó a Álzaga de independentismo.
La aparente
contradicción radica en que Álzaga no buscaba lo mismo que los criollos, el
solo buscaba destituir al virrey que se oponía a sus intereses comerciales,
pero manteniendo la supremacía social de los españoles peninsulares por sobre
los criollos sin cambios.
Álzaga fue
derrotado y el poder de los criollos aumentó. Álzaga fue desterrado a Carmen de Patagones, y las
milicias españolas que intentaron la asonada fueron disueltas.
En julio arribó al
Río de la Plata el nuevo Virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros, y
los independentistas no se ponían de acuerdo sobre el curso a seguir.
La situación era
compleja y la lentitud de las comunicaciones con la metrópoli en esa época no
permitía arrimarse a la salida deseada.
Castelli hablaba
de retomar la idea de Álzaga de crear una junta de gobierno pero no dirigida
por españoles y Belgrano insistía con el plan “carlotista”, mientras que
Rodríguez Peña proponía un golpe militar, con o sin Liniers a la cabeza.
Tantas propuestas
no prosperaban y fue Saavedra, quien sostenía la necesidad de postergar las
acciones, el que se impuso.
Los
actos revolucionarios de mayo
Cuando llegó la
noticia de la caída de la Junta
de Sevilla en poder de los franceses, el grupo de
Castelli y Belgrano dirigieron el proceso que desencadenó en la Revolución de Mayo en 1810.
Castelli y
Cornelio Saavedra eran los líderes más notorios de esos días y en primer lugar
descartaron el plan de Martín Rodríguez de expulsar al virrey Cisneros por la
fuerza.
En principio
Cornelio Saavedra le había negado a Cisneros el apoyo del Regimiento de
Patricios, bajo la premisa de que al desaparecer la Junta de Sevilla que lo
había nombrado como virrey, ya no poseía legitimidad para ejercer dicho cargo.
Luego de varias
discusiones, se decidió demandar la realización de un cabildo abierto.
Castelli y
Belgrano fueron los responsables de las negociaciones, sin embargo, aún hacía
falta la autorización del propio Cisneros, para lo cual acudieron Castelli y
Rodríguez a la sala del Fuerte de Buenos Aires.
Cisneros se exaltó
por la presencia de Castelli y Rodríguez, que acudían sin cita y armados, pero
estos reaccionaron con dureza y exigieron una contestación inmediata al pedido
de cabildo abierto. Tras una breve conversación Cisneros accedió a que se
realizara.
Cuando los
criollos se estaban retirando, Cisneros consultó por su seguridad personal, a
lo cual Castelli respondió: “Señor, la
persona de Vuestra Excelencia y su familia están entre americanos, y esto debe
tranquilizarlo”.
El cabildo abierto
se celebró el 22 de mayo. En él se discutió si el virrey debía seguir o no en
su cargo y en caso negativo quién lo debería reemplazar. El primero en opinar
fue el obispo Benito Lué y Riega, quien sostuvo el principio de indivisibilidad
que ya había propuesto Cisneros en su autorización a celebrar el cabildo
abierto.
Castelli insistía
con la idea de que, a falta de una autoridad legítima, la soberanía regresaba
al pueblo y este debía gobernarse a sí mismo.
Más adelante se impuso la idea de destituir al virrey, pero como Buenos Aires
no tenía autoridad para decidir unilateralmente la nueva forma de gobierno, se
elegiría a un gobierno provisorio, en tanto se solicitaban diputados a las
demás ciudades para tomar la decisión definitiva.
Sin embargo, hubo
diferencias sobre quién debía ejercer ese gobierno provisorio: algunos
sostenían que debía hacerlo el Cabildo, y otros que debía elegirse una junta de gobierno. Para unificar
criterios, Castelli se plegó a la propuesta de Saavedra de formar una junta,
pero no contaba con la picardía española y una vez mas cayó en una ingenuidad.
Aunque se aprobó
el cese de Cisneros como virrey, se conformó una Junta con Cisneros como presidente,
quien de dicha forma conservaría el poder.
El grueso de los
criollos rechazó el proyecto. No aceptaban que Cisneros permaneciera en el
poder aunque fuera bajo otro título y desconfiaban de las intenciones de
Saavedra.
Esa misma noche
las reuniones eran agitadas en búsqueda de una rápida solución. La organización
estableció dos frentes.
Por un lado la
intelectualidad de los dirigentes criollos (entre los que se encontraban Domingo French, Feliciano Antonio Chiclana
y Eustoquio Díaz Vélez), reunidos
en la casa de Rodríguez Peña para redactar una lista de integrantes para una
junta de gobierno que se presentó el 25 de mayo, mientras que el otro frente de
personalidades de “armas tomar” como French, Beruti, Donado y Aparicio ocuparon
con gente armada la plaza y sus accesos.
La lista de
consenso agrupaba a representantes de las distintas extracciones de la política
local. Se informó finalmente a Cisneros que había dejado de mandar y que en su
lugar asumía la Primera
Junta presidida por Cornelio Saavedra, Mariano Moreno y Juan José Paso como Secretarios y Manuel Alberti,
Miguel de Azcuénaga, Manuel Belgrano, Juan
José Castelli, Juan Larrea y Domingo Mathéu, como Vocales.
Castelli encabezó
junto a Mariano Moreno las posturas más radicales de la Primera Junta,
dispuestos a tomar las medidas más
extremas en favor de la revolución, sin embargo los “saavedristas” mas
moderados, pero apoyados por el ejército y parte del clero (el Deán Funes en
particular), iniciarían una lucha interna que terminaría con los “morenistas”.
Una de las
primeras medidas de Castelli en la Junta fue la expulsión de Cisneros y los
oidores de la Real Audiencia de Buenos Aires,
que fueron embarcados rumbo a España con el pretexto de que sus vidas correrían
peligro.
Los
fusilamientos de Cabeza de Tigre
Al conocer las
noticias del cambio de gobierno en Buenos Aires y la formación de la Primera
Junta, el ex Virrey Santiago de Liniers preparó una contrarrevolución en
la ciudad de Córdoba.
Algún tiempo atrás
Liniers, haciendo gala de su prosa, había dicho:
“Conceder demasiado a un pueblo es lo mismo que en la vida privada
condescender a las voluntades desarregladas de un niño, que no teniendo mas que
pedir, se enfurece porque no se le da la luna cuyo reflejo descubre en una tina
de agua”
La Primera Junta
envió al General Francisco Ortiz de Ocampo,
acompañado por Vieytes como comisionado político de la Juna en el ejército,
quien rápidamente desbarató a las milicias reunidas por Liniers y capturó a
todos los cabecillas.
Las órdenes
iniciales eran remitirlos a Buenos Aires, pero tras su captura los miembros de
la Junta decidieron condenarlos a muerte por traición a la revolución.
Dicha decisión se
tomó en una resolución firmada por todos los integrantes de la Junta, excepto
Manuel Alberti, que firmó sin avalar hechos de sangre debido a que, como
sacerdote, no podía dar conformidad a la pena
capital.
La medida no fue
aceptada en Córdoba, y Francisco Ortiz de Ocampo y Feliciano Chiclana
decidieron proseguir con las órdenes originales de remitir los prisioneros a la
ciudad.
Moreno lleno de
furia dijo: “pillaron nuestros hombres a
los malvados, pero respetaron sus galones y cagándose en las estrechísimas
órdenes de la Junta nos los remiten presos a esta ciudad…veo vacilante nuestra
fortuna por este solo hecho”
La Junta ratificó
la orden y Castelli fue comisionado en reemplazo de Vieytes para cumplir la
ejecución que el General Ortiz de Ocampo no había obedecido.
Mariano Moreno le
dijo: “Vaya usted, Castelli, y espero que
no incurrirá en la misma debilidad que nuestro general; si todavía no cumpliese
la determinación, irá Larrea, y por último iré yo mismo si fuese necesario”.
Ortiz de Ocampo
fue apartado de su cargo y a Chiclana lo enviaron de Gobernador a Salta. Entre
sus colaboradores para la misión a Córdoba, Castelli eligió a Nicolás Rodríguez
Peña como secretario, a su amigo Diego Paroissien como médico de campaña (luego
médico de San Martín en la campaña de Los Andes), y a Domingo French como jefe
de escolta.
Apenas encontró a
los reos a la altura de Cabeza
de Tigre (muy ceca de la localidad de Cruz Alta, límite entre
las actuales Santa Fe y Córdoba), ordenó y
presidió el fusilamiento de los subversivos (el Gobernador cordobés Juan Gutiérrez de la Concha,
el ex Virrey Santiago de Liniers, el ex Gobernador Santiago Alejo de Allende,
el asesor Victorino Rodríguez y
el contador Moreno). Domingo French fue el encargado de ejecutar la sentencia.
Representante
de la Junta en el Ejército Expedicionario al Alto Perú
Tras fusilar a
Liniers y a los otros contra revolucionarios cordobeses, Castelli regresó
brevemente a Buenos Aires y se reunió secretamente con Moreno. Este lo felicitó
por su proceder y lo nombró representante de la Junta, con plenos poderes para
dirigir las operaciones en las provincias del Alto Perú (hoy Bolivia).
También le dio una
serie de instrucciones “reservadas”. Entre ellas poner las administraciones en
manos patriotas, ganarse el favor de los indios,
y “arcabucear” al Gobernador de Chuquisaca (Vicente Nieto), al Gobernador de Potosí (Francisco de Paula Sanz), al
General José Manuel de Goyeneche y
al obispo de La Paz (Remigio La Santa y Ortega).
Se le encargó
asimismo rescatar y sumar al Ejército Auxiliar a los soldados patricios y
arribeños, quienes bajo el mando del oficial español Vicente Nieto, habían
partido en 1809 de
Buenos Aires y reprimido la Revolución patriota de Chuquisaca y
la Paz.
Desconfiando de
dichos soldados, Nieto los había desarmado y enviado como prisioneros a Potosí,
bajo el control de Francisco de Paula Sanz. Más de un tercio de dichos soldados
habían muerto al mes de trabajar en la mina.
Castelli partió al frente de aquel ejército
de la patria con lo poco que había, con el pobrerío que lo seguía y con una
revolución por hacer. Asumió el mando político de la Primera expedición
auxiliadora al Alto Perú, y reemplazó a Ortiz de Ocampo por
el Coronel Antonio González Balcarce.
No fue bien
recibido en Córdoba, en donde los fusilados eran personajes populares, pero sí
en San Miguel de Tucumán. En Salta, pese a ser bien aceptado, tuvo
dificultades para obtener tropas, mulas, víveres, dinero o artillería.
Estando en Salta recibió noticias de
que Cochabamba había adherido al movimiento
patriótico, aunque enfrentando fuerzas realistas provenientes de La Paz. Tenía
también en su poder una carta de Nieto interceptada para Gutiérrez de la
Concha, ya fusilado, donde relataba que un ejército realista dirigido por
Goyeneche avanzaba sobre Jujuy.
Balcarce, ya en
la Villa Imperial de Potosí,
fue derrotado por las fuerzas de Nieto en Batalla de Cotagaita, lo que
motivó a Castelli a enviar doscientos hombres y dos cañones a marchas forzadas
para reforzarlos.
Con dicha
guarnición Balcarce logró la victoria en la batalla de Suipacha, el 7 de
noviembre de 1810, primer triunfo de
las fuerzas revolucionarias argentinas, que les permitió controlar todo
el Alto Perú sin oposición. Hasta ese
momento todo ese territorio se podía considerar parte de la patria en
nacimiento.
En Potosí, uno de
los sitios más prósperos del Alto Perú, un cabildo abierto reclamó a José
Manuel Goyeneche que se retirase del territorio, a lo cual debió acceder ya que
no contaba con las fuerzas suficientes para imponerse. El obispo de La Paz,
Remigio La Santa y Ortega, huyó junto a él.
Castelli fue
recibido en Potosí, en donde exigió a la Junta un juramento de obediencia al
nuevo gobierno patrio y la entrega de Francisco de Paula Sanz y del Mayor
General José de Córdoba.
Para capturar a
Vicente Nieto decidió que la operación fuese llevada a cabo exclusivamente por
los patricios sobrevivientes de las minas del Potosí, que habían sido
incorporados con honores al ejército patriota.
Nieto y Francisco de Paula Sanz, que
pretendía huir con 300.000 pesos en pasta de oro y plata pertenecientes a
los caudales públicos, fueron capturados al igual que Córdoba, y el día 15, en
la Plaza Mayor de la villa, cumpliendo las órdenes de Moreno, fueron ejecutados
Por su parte,
Goyeneche y el obispo paceño también fueron condenados legalmente, pero la
sentencia no llegó a ejecutarse ya que se encontraban a salvo en tierras
realistas.
Bernardo Monteagudo, preso en la Real Cárcel de la Corte de Chuquisaca por
su participación en la fracasada revolución de 1809, se enteró del acercamiento
del ejército y logró fugarse para
poder unirse a sus filas. Castelli, que ya conocía los antecedentes de
Monteagudo, no dudó en nombrarlo su secretario.
La revolución indigenista
Castelli abandonó
Potosí el 25 de diciembre de 1810 para marchar hacia Chuquisaca, donde instaló
su gobierno. Hacía 22 años había partido de allí con su título de abogado.
La ciudad
universitaria estaba muy cambiada. Él seguía siendo el mismo. Ahora era el
delegado de la Junta al que el Cabildo tenía preparados grandes agasajos y le
había dispensado un lujoso hospedaje, pero prefirió alojarse por su cuenta en
un humilde hostal que conocía de sus años de estudiante.
Se le ofreció un Te Deum en la catedral. Castelli había
acordado que estaría sentado en el centro de la iglesia acompañado por su
lugarteniente Balcarce, pero la silla para este no apareció. Mandó averiguar
qué había ocurrido y pudo saber que un miembro de la Audiencia había ordenado
no rendirle el homenaje debido al representante de la Junta y su jefe militar.
La ira de Castelli no
se hizo esperar. Ordenó que la Audiencia en pleno le presentase sus excusas a
Balcarce y lo nombrara presidente honorario de la corporación “para que aquellos que no quisieron verlo en
la catedral tengan que verlo ahora presidiendo la Audiencia”.
Castelli presidió
el cambio de régimen en todo el Alto Perú. Proyectó la reorganización de
la Casa de Moneda de Potosí,
planeó la reforma de la Universidad de Charcas y
proclamó el fin de la servidumbre indígena en el Alto Perú, anulando el
tutelaje y otorgándoles calidad de vecinos y derechos políticos iguales a los de los criollos.
También prohibió
que se establecieran nuevos conventos o parroquias, para evitar la práctica
frecuente de que, bajo la excusa de difundir la doctrina cristiana, los indios
fueran sometidos a servidumbre por las órdenes religiosas, encontrando siempre
eco en el pensamiento anticlerical de Monteagudo.
El decreto fue
publicado en español, guaraní, quechua y aimara. También se abrieron varias
escuelas bilingües.
Había mucho por hacer. Una de sus primeras
ocupaciones fue la puesta en marcha de una legislación de avanzada que le
devolvía las libertades y las propiedades usurpadas a los habitantes
originarios.
Su
acción de gobierno tuvo como eje conductor:
· La
emancipación de los pueblos
· El
libre avecinamiento
· La
libertad de comercio
· El
reparto de las tierras expropiadas a los enemigos de la revolución entre los
trabajadores de los obrajes
· La
anulación total del tributo indígena
· La
suspensión de las prestaciones personales
· La
equiparación legítima de los indígenas con los criollos y los declaró aptos
para ocupar todos los cargos del Estado
· La
traducción al quechua y al aimara los principales decretos de la Junta
· La
apertura de escuelas bilingües: quechua-español, aimara-español
· La
remoción de todos los funcionarios españoles de sus puestos, fusilando a
algunos, deportando a otros y encarcelando al resto
Las medidas eran
claramente revolucionarias y no tardarían en desatar la furia de los ricos, ya
sean criollos o españoles, beneficiarios del sistema de explotación del
indígena.
Festejó el primer
aniversario de la patria el 25 de mayo de 1811 en Tiahuanaco con los caciques indios, donde rindió homenaje a
los antiguos incas,
incitando a los pobladores a revelarse en contra de los españoles. Les anunció la
expropiación de las tierras que estaban en manos de los enemigos de la
revolución y su devolución a las comunidades, sus legítimos dueños:
“Los esfuerzos del gobierno se han dirigido a buscar la
felicidad de todas las clases, entre las que se encuentra la de los naturales
de este distrito, por tantos años mirados con abandono, oprimidos y defraudados
en sus derechos y hasta excluidos de la mísera condición de hombres”.
“…que los indios son y deben ser
reputados con igual opción que los demás habitantes nacionales a todos los
cargos, empleos, destino y honores y distinciones por la igualdad de derechos
de ciudadanos, sin otra diferencia que la que presta el mérito y la aptitud […]
reformar los abusos introducidos en prejuicio de los indios, aunque sean con el
título de culto divino, promoviendo su beneficio en todos los ramos y con
particularidad sobre repartimientos de tierras, estableciendo escuelas en sus
pueblos y excepción de carga o imposición indebidas…”
A su vez promovió mecanismos de democratización interna, otorgándoles
derechos políticos como la libre elección de los caciques por parte de sus
comunidades, eliminando los privilegios de propiedad o de sangre que gozaban
sus jefes comunales.
“… Y estando enterado por suficientes informes que tengo tomados de
la mala versación de los caciques por no ser electos con el conocimiento
general y espontáneo de sus respectivas comunidades y demás indios […] mando
que en lo sucesivo todos los caciques sin exclusión de los propietarios o de
sangre no sean admitidos sin el previo consentimiento de las comunidades,
parcialidades o aíllos que deberán proceder a elegirlos con conocimiento de sus
jueces territoriales por votación conforme a las reglas generales que rigen en
estos casos…”
Y concluyó: “Yo por lo menos no reconozco en el Virrey
ni en sus secuaces representación alguna para negociar la suerte de unos
pueblos cuyo destino no depende sino de su libre consentimiento, y por esto me
creo obligado a conjurar a esas provincias para que en uso de sus naturales
derechos expongan su voluntad y decidan libremente el partido que toman en este
asunto que tanto interesa a todo americano”.
A pesar del acogimiento recibido, Castelli era consciente de que la
mayor parte de la aristocracia lo
apoyaba debido al temor que les provocaba el Ejército Auxiliar, más que por un
auténtico apoyo a la causa de Mayo.
Las órdenes
recibidas de la Junta fueron ocupar con criollos todos los cargos de
importancia y quebrar la alianza entre la élite criolla y la española.
Entre otras, se le
ordenaba que “no quede un solo europeo,
militar o paisano, que haya tomado las armas contra la capital”.
En noviembre de 1810
envió a la Junta un plan: cruzar el río Desaguadero (frontera
entre el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato del Perú), y tomar el
control de las intendencias peruanas de Puno, Cuzco y Arequipa.
Castelli sostenía
que era urgente sublevarlas contra Lima, la
capital del virreinato peruano, ya que su economía dependía en gran medida de
dichos distritos y si perdía su poder sobre ellos, el principal baluarte realista se vería amenazado.
El plan fue
rechazado por el influyente (hasta ese momento), Mariano Moreno por
considerárselo demasiado temerario y se le requirió a Castelli atenerse a las
órdenes originales: no cruzar el Desaguadero. Castelli obedeció lo ordenado.
En diciembre envió
a 53 españoles al destierro en Salta, acusados de boicotear la revolución y
sometió la decisión a aprobación de la Junta.
El vocal de origen
español Domingo Matheu, que tenía tratos
comerciales con algunos de los españoles desterrados, gestionó la anulación del
acto, aduciendo que Castelli habría actuado influido por calumnias y
acusaciones infundadas y manifestando:
“Siento que por cuatro borrachones se tratase de descomponer una obra
tan grande como la que tenemos para coronar”
En Buenos Aires, sin embargo, las cosas
habían cambiado y mucho. Saavedra y el Deán Funes con la maniobra de la
incorporación de los diputados a la Junta habían logrado dos objetivos
largamente acariciados: dejar en absoluta minoría al “morenismo” y provocar la
renuncia de Mariano Moreno.
A pesar de todo Castelli no dejaba de
proyectar, de soñar una utopía compartida, y escribió por aquellos días
oscuros:
“Nuestro destino es
ser libres o no existir, y mi invariable resolución sacrificar la vida por
nuestra independencia. Toda la América del Sur no formará en adelante sino
una numerosa familia que por medio de la fraternidad pueda igualar a las
respetadas naciones del mundo antiguo”.
El apoyo a
Castelli comenzaba a disminuir en la población realista y criolla adinerada,
principalmente por el buen trato dado a los indios y la actitud hostil que el
secretario de Castelli, Bernardo Monteagudo, tenía hacia la Iglesia por su postura
contraria a la independencia, actitud que Castelli también hizo manifiesta en
el Alto Perú.
Por su parte, en
Buenos Aires, Moreno ya había sido alejado de la Primera Junta que, con la
incorporación de los diputados del interior, se transformó en la
denominada Junta
Grande.
Sin que Castelli
estuviera en Buenos Aires para mediar entre ellos, las disputas entre
“morenistas” y “saavedristas” habían recrudecido. La Junta le reclamaba a
Castelli que moderara sus acciones, pero este siguió adelante con las posturas
que compartía con Moreno.
Varios oficiales
“saavedristas” planearon secuestrar a Castelli y también a Balcarce, remitirlos
a Buenos Aires para juzgarlos y otorgar el mando del Ejército del Norte a Juan José Viamonte, pero el propio
Viamonte no se prestó a dicho plan cuando le fue informado por los complotados
y no llegó a ejecutarse.
Castelli les
escribió a Vieytes, Rodríguez Peña, Juan Larrea y Miguel de Azcuénaga
solicitándoles que viajasen al Alto Perú y que, luego de derrotar al General
Goyeneche, marcharían sobre Buenos Aires. La carta enviada por el servicio de
postas fue interceptada por el jefe de correos de Córdoba, José de Paz, que la
envió a Saavedra.
Huaqui (o Guaqui), y
el principio del fin
Mientras tanto, la
junta “saavedrista” enviaba a su representante órdenes absurdas sin precedentes
en la historia militar, que tenían como único objetivo la desmovilización y la
derrota de un ejército considerado peligroso para los intereses de Buenos Aires,
como la siguiente: “se le prohíbe empeñar
combate alguno al ejército auxiliador del Perú sin tener la seguridad del
éxito”.
Castelli obedeció mientras Manuel de Goyeneche no atacase y procuró
convertir la situación en un acuerdo formal, lo cual implicaría el
reconocimiento de la Junta como un interlocutor legítimo.
Goyeneche aceptó firmar un armisticio por 40 días, hasta que Lima se
expidiera y utilizó ese tiempo para reforzarse. El 19 de junio, con dicha
tregua aún en vigencia, una avanzada realista atacó y derrotó a las posiciones
patriotas en Juraicoragua (también
llamada batalla del Desaguadero).
Castelli declaró roto el armisticio.
El ejército de Goyeneche cruzó el río Desaguadero el 20 de junio
de 1811. El Ejército Auxiliar aguardaba cerca de Huaqui,
entre la pampa de Azapanal y el
lago Titicaca.
El flanco izquierdo
patriota, comandado por Eustoquio Díaz Vélez, afrontó el grueso de las fuerzas
realistas, mientras que el centro fue arrollado por los soldados de Pío
Tristán.
Viamonte no envió
refuerzos. Muchos soldados patriotas reclutados en el Alto Perú se rindieron o
huyeron y otros de los reclutados en La Paz cambiaron de bando en plena
batalla.
Aunque las bajas
del Ejército Auxiliar no fueron sustanciales, este se dejó ganar por el terror
y se desbandó. Los habitantes del Alto Perú
abandonaron a los revolucionarios y abrieron las puertas de sus ciudades a los
realistas, de modo que el ejército tuvo que abandonar rápidamente las provincias altoperuanas, y con esta
acción la revolución perdía el Alto Perú y quedaba expuesta a la invasión de
Goyeneche.
Si la persecución
no fue un desastre y los invasores no atacaron rápidamente las provincias del
Río de la Plata, fue por la heroica resistencia de Cochabamba.
Castelli llegó
hasta la Posta de Quirbe el
26 de agosto de 1811, y allí recibió
órdenes de bajar hacia Buenos Aires para su enjuiciamiento por la pérdida de la
batalla, sin embargo, cuando se enteró de tales órdenes, ya habían sido
reemplazadas por otras: Castelli debía quedar confinado en Catamarca,
mientras el propio Saavedra se haría cargo del ejército.
Pero poco después
de abandonar Buenos Aires, Saavedra fue depuesto en su cargo y confinado
a San Juan mientras
el Primer Triunvirato asumía
el gobierno, reemplazando a la Junta Grande.
El Primer Triunvirato
fue establecido a fin de volver a las tendencias centralistas de la Primera Junta. Sus miembros
fueron en un comienzo de la gestión por Feliciano Antonio Chiclana, Manuel de Sarratea y Juan José Paso.
Castelli fue
nuevamente requerido en Buenos Aires.
Una vez en Buenos
Aires, quedó en una situación de soledad política. El Triunvirato y el
periódico la Gaceta de Buenos Aires lo
acusaban de la derrota en Huaqui y buscaron realizar un castigo ejemplificador,
mientras que el antiguo partido de la independencia se encontraba dividido
entre quienes se habían unido a las corrientes del Triunvirato y quienes ya no
gozaban de poder efectivo.
El juicio a
Castelli tardó en iniciarse, por lo que en enero de 1812 reclamó
que se realizara con rapidez. “Yo no huyo del
juicio; antes bien sabe V.E. que lo reclamé, bien cierto de que no tengo
crimen”.
Dos semanas
después recusó al juez Echeverría, antiguo abogado de Liniers. Habían pasado
muchas cosas en esos cortos 2 años desde su partida.
El
14 de febrero comenzaron las declaraciones de los testigos. Ni uno sólo de
ellos testimonió contra Castelli y muchos elogiaron su patriotismo, a pesar de
las capciosas preguntas de los fiscales que apuntaban a cuestiones tan
“patrióticas” como saber si Castelli le había faltado el respeto al rey español
Fernando VII y a la religión católica, o si Castelli había tenido encuentro con
mujeres.
Por ese entonces supo que padecía un cáncer de lengua, que le dificultaba
progresivamente el habla.
El proceso no dejaba en claro si era un juicio político o un juicio militar, ni cuál era la
acusación exacta.
Las preguntas formuladas no analizaban sólo su
responsabilidad en la derrota de Huaqui, sino también otros temas de índole
personal
Bernardo de Monteagudo fue el principal defensor de Castelli. Nicolás
Rodríguez Peña también lo defendió en un alegato memorable.
“Castelli no era feroz ni cruel. Castelli obraba así porque así
estábamos comprometidos a obrar todos. Cualquier otro, debiéndole a la patria lo
que nos habíamos comprometido a darle, habría obrado como él... Repróchennos
ustedes que no han pasado por las mismas necesidades...”
"Que fuimos crueles. ¡Vaya con el cargo! Mientras tanto, ahí tienen
ustedes una patria que no está ya en el compromiso de serlo. La salvamos como
creímos que había que salvarla... nosotros no vimos ni creímos que con otros
medios fuéramos capaces de hacer lo que hicimos”.
“Arrójennos la culpa a la cara y gocen los resultados... nosotros
seremos los verdugos, sean ustedes los hombres libres.
Afectado por ese
cáncer de lengua, Castelli falleció el 12 de octubre de 1812, con solo 48 años,
con el juicio aún abierto. Momentos antes de su deceso pidió papel y lápiz, y
escribió
“Si ves al futuro,
dile que no venga”.
En alguna oportunidad dijo:
“La muerte será la mayor recompensa de mis fatigas,
cuando haya visto ya expirar a todos los enemigos de mi patria, porque entonces
nada tendrá que desear mi corazón, y mi esperanza quedará en una eterna apatía,
al ver asegurada para siempre la libertad del Pueblo Americano”.
Tuvo un pequeño y
modesto entierro en la iglesia de San Ignacio,
en la ciudad de Buenos Aires, sin honras oficiales.
Tras su muerte, su
viuda, María Rosa Lynch debió vender su chacra para pagar deudas y pasó años
reclamando los sueldos impagos a su difunto esposo. Dicha suma ascendía a
3.378 pesos, que se terminaron de pagar 13 años después. Como tantas
otras, la causa abierta en su contra jamás fue sentenciada.
Bibliografía
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